PERÚ: EL RÍO SUCIO Y REVUELTO DEL PODER
Por: Guillermo Martínez Pinillos (*)
La reciente salida del presidente interino peruano José Jerí —quien asumió el cargo en octubre de 2025 tras la vacancia de Dina Boluarte— y el trámite de su censura ha exhibido nuevamente que detrás del parlamento sumamente cuestionado existe un ilimitado suprapoder. La propia opinión publica lo percibe: un 86% de encuestados considera que el congreso decide en función de sus propios intereses (Datum /diario El Comercio, Feb 2026).
El gran bonetón
El debate de vacancia no se trata de ninguna manera de una pugna legislativo vs. ejecutivo, ni de poderes. El poder sigue en las mismas manos, por eso durante el río revuelto han usado las facultades plenas de la Comisión Permanente para legislar sobre materias económicas y de gestión de recursos estratégicos; facultades que se extienden hasta el 27 de febrero de 2026.
De tal manera, el 17 de diciembre pasado se aprobó la ampliación de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Habrá REINFO hasta que pase lo primero: la aprobación y vigencia de una nueva Ley de la pequeña minería y minería artesanal (MAPE) o hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta ha sido la quinta prórroga de la peligrosa norma que franquea la puerta a la ilegalidad e informalidad en la minería y actividades criminales que completan la cadena de valor del mineral sucio; es decir, tráfico de tierras, trata de personas para fines de explotación sexual y laboral, sicariato y corrupción de funcionarios, entre otras.
En consecuencia, para pasar piola, actuando en pared y como una contraparte cosmética a la flexibilización ambiental en asuntos mineros, en enero de 2026 se publicó un Decreto Legislativo que busca endurecer las penas contra la minería ilegal y sus delitos conexos. Sin embargo, este endurecimiento punitivo resulta contradictorio pues, sin recursos para la fiscalización por parte del OEFA y con una institucionalidad ambiental debilitada, estas leyes penales terminan siendo letra muerta frente al despojo territorial y ambiental de comunidades originarias indígenas, amazónicas y costeras.
Lavar y usar
La salida de José Jerí no es una crisis de gobernabilidad, sino un recambio de piezas desechables. En este esquema de omnipotencia legislativa, las figuras presidenciales son fusibles con fecha de caducidad temprana que el Parlamento quema cuando dejan de ser útiles al guion extractivista. El cambio de nombres en Palacio no altera la fuerza que ya controla el territorio “a toda máquina”.
El verdadero rostro de este dominio se revelará con total crudeza tras las elecciones del 12 de abril. Sin duda, la nueva conformación parlamentaria terminará de consolidarse como un gestor de intereses ilegales, mientras el río sucio sigue fluyendo. Informes del propio Estado peruano indican que existen actualmente mas de 6 mil pasivos ambientales mineros (Anexos del RM N° 056-2025-MINEM/DM del Ministerio de Energía y Minas); en tanto, desde 2022 el Business and Human Rights Centre (2022), alertó sobre contaminación de 129 cuencas hídricas con metales pesados. Eso también lo saben quiénes convierten las curules en escudos para el mineral manchado.
El extractivismo en el Perú, la minería ilegal, pasivos ambientales masivos y captura política, no es excepcional: países como Ecuador, Bolivia, Colombia, Brasil y otros en América Latina enfrentan problemas similares de deforestación, contaminación por metales pesados, criminalización y muerte de defemsores ambientales, crimen organizado y despojo de territorios de pueblos originarios ligado a la minería ilegal y debilidad institucional, según reportes de Mongabay Latam y OCMAL en 2025-2026.
Guillermo Martínez Pinillos es especialista en comunicación ambiental, gobernanza territorial e impactos del extractivismo en América Latina.