Cerro El Toro: OTRA MONTAÑA DE SIETE COLORES

Por: Investigación Catequil

Esta Montaña de Siete Colores en el Cerro El Toro de Huamachuco (La Libertad – Perú), no representa un fenómeno geológico natural. Desde la distancia se percibe un colorido mosaico de coberturas turquesas, verdes, grises y sepias de geomembranas, geomallas y plásticos deteriorados de una unidad minera con una deficiente remediación. No obstante, la población de Coigobamba y Shiracmaca escasamente entre 1 a 2 kilómetros de distancia vive a diario algo más que el paisaje deteriorado.

Esas precarias láminas sintéticas no cumplen con el objetivo de estabilizar taludes y contener los relaves en laderas del cerro erosionado por la minería; así se percibe en las chorreras color ocre, totalmente expuestas. Tampoco ha logrado ocultar el impacto «altamente crítico respecto a los parámetros ambientales: calidad del suelo, calidad de agua, calidad del aire, salud de la población, diversidad de flora y fauna» (Tesis: Impacto de la contaminación de la minería informal en el Cerro El Toro, 2015). Degradación que incluye oscuras alianzas de la minería ilegal con concesionarios legales y grupos políticos funcionales a la corrupción y al crimen, que operan en el país y de manera particular en la región La Libertad.

El Toro sacrificado y más REINFO

Desde antes del año 2006 en que se realizó el Censo de mineros informales y pasivos ambientales en el cerro El Toro (MEM, 2006), ya existía el conflicto. Hasta la actualidad, diversos estudios y tesis académicas, así como informes periodísticos y denuncias dan cuenta de un deterioro que va en aumento. Así podemos conocer que, en el sistema de extracción del cerro El Toro, la concesión más importante corresponde a la empresa minera Summa gold corporation S.A.C. de propiedad de la familia Sánchez Paredes (antes Corporación del centro S.A.C. – CDC Gold). Se trata de 7 concesiones mineras con Estudio de Impacto Ambiental (EIA). A la vez, persisten actividades ilegales de minería, muchas de estas operaciones dentro de las áreas de explotación de Summa gold, tales como Coigobamba y Cerro Cachito, entre otros, sin registro público ni oficial de acuerdos de explotación.

Sobre la minería informal, un informe periodístico dio cuenta de un aproximado de 3 mil mineros ilegales en la zona. Han venido operando en 31 derechos mineros registrados ante el REINFO de los cuales 10 se encuentran suspendidos, según información oficial actualizada al 2026 en el portal del Ministerio de energía y minas.  Pozas de lixiviación, construidas de forma artesanal y protegidas únicamente por plásticos de polietileno de uso doméstico; carecen de muros de contención, canales de coronación y sistema de drenaje. Sin duda, la ampliación y vigencia del REINFO no constituye en medida alguna la solución para que esta situación se revierta o se controle.

Colores del conflicto

La empresa Summa Gold Corporation S.A.C., concesionaria legal en la zona, enfrenta una fuerte resistencia social debido a impactos socio ambientales. No obstante, ha recibido reconocimientos de su gremio por oponerse a la minería ilegal en sus concesiones, alineándose a políticas estatales, y obtuvo la distinción Quality Sustainability Award 2025 de AMSAC. Hay conflicto a pesar de sus esfuerzos por informar sobre aciertos, transparencia, cumplimiento de la ley; inversión y éxito empresarial, que calcula en más de 1,320 millones de dólares para el 2026, según su propio sitio web.

Durante la emergencia por el Covid 19, el Frente de Defensa de los Intereses de Sánchez Carrión (Huamachuco), emplazó a intervenir al Ministerio de Agricultura y la Autoridad Nacional del Agua por «presunta afectación a los recursos hídricos por parte de la empresa Summa Gold Corporation S.A.C., al sistema de abastecimiento de agua potable de la población de Coigobamba».

Se suman los problemas generados por la minería informal. Los pobladores de Shiracmaca denunciaron rajaduras en sus viviendas y la desaparición de manantiales de agua debido a constantes voladuras. Por esta razón, en mayo de 2024, el Estado peruano intervino con un megaoperativo de interdicción en los sectores de Coigobamba y Shiracmaca, donde la fiscalía y la policía destruyeron 45 campamentos de minería ilegal, incautando material valorizado en 60 millones de soles.

En el cerro El Toro, la minería ha causado tragedias contanto casi una veintena de fallecidos según informaron los medios de comunicación. En 2019, la agencia alemana Deutsche Welle confirmó 8 muertes por inhalación de gases. Además, de otros 4 fallecidos en un enfrentamiento con ronderos que incluía a un menor de 14 años reportados por El Comercio y la muerte de un adolescente de 17 años asfixiado mientras trabajaba en una labor minera informal. En 2021, Andina reportó 4 fallecidos tras un derrumbe.

Durante todo 2025, se difundieron informes de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, que confirmaron la presencia de arsénico en niveles superiores a los permitidos en población infantil y adulta de Shiracmaca. Asimismo, el Comité de vigilancia y monitoreo ambiental comunitario de Huamachuco, ha incluido en su plan de monitoreo de calidad de agua, puntos de muestreo en cuerpos de agua afectados por la minería. A esto se suman grupos organizados de defensores y defensoras ambientales y organizaciones de la sociedad civil como Proyecto Amigo, AMAS Marianistas y Red Muqui, entre otros, quienes brindan a su vez información técnica relacionada

No obstante, los conflictos con la minería de Huamachuco no se localizan solo en el cerro El Toro. Actualmente la comunidad campesina originaria Juan Velasco afronta el proceso de una demanda de amparo para anular 26 concesiones mineras que amenazan su territorio y fuentes del agua como Huaylillas, sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad. Más del 99% de su territorio está concesionado a la minería sin consulta previa. En el otro extremo de la ciudad, el proyecto minero La Arena (Zijin mining) también ha motivado el bloqueo de carreteras por parte de campesinos y pobladores por demandas ambientales.

Blanqueando el oro

Es un secreto a voces la complicidad de la minería legal (mediana y gran minería) en el suministro de insumos y en la compra del metal ilegal a los mineros informales. También el conflicto en Cerro El Toro ha puesto bajo sospecha cómo el mineral extraído ilegalmente es introducido en el mercado formal y de exportación. Este esquema, que se extendería en todo el país, involucra a empresas legales actuando como fachada para el blanqueo del mineral.

Para anotar un dato, en un informe periodístico de Ojo Público -que relaciona a la familia Sánchez Paredes- se menciona que “según el Ministerio de Energía y Minas, dicha compañía tiene siete concesiones en Huamachuco (La Libertad), pero no declara producción anual. Sin embargo, entre 2012 y 2019 registró exportaciones por 18 toneladas de oro a países como India, EE.UU. e Italia”.

Destino

La montaña de colores de Cerro El Toro no es una ruta turística ni un hito positivo de remediación. Es un indicador del destino trágico de los territorios donde la minería deja huellas irrecuperables. Huellas en la salud y la vida, huellas en la cultura y vocación productiva local, en el agua, el ambiente. Huellas en la criminalización y persecución de dirigentes sociales y defensores de derechos humanos y ambientales. En el ninguneo de la vigilancia y monitoreo ambiental comunitario cuyo esfuerzo y resistencia sostiene el espacio cívico y los derechos democráticos que no se admiten en el pensamiento único de la lógica del crecimiento económico. Huellas que no se perciben en el bienestar que supone la bonanza del oro y el aprovechamiento del esfuerzo nuestros países del sur global para cumplir con las demandas de la industria de la transición energética.