El Niño en Latinoamérica: la vulnerabilidad con todas sus letras
Durante la segunda quincena de febrero de 2026, existe un estado de atención regional tras la emisión de alertas meteorológicas sincronizadas en la región andino y amazónica. El SENAMHI y el ENFEN (Perú) han activado avisos de corto plazo ante lluvias extremas probablemente vinculadas al Niño Costero, una medida que ha sido replicada de inmediato por el INAMHI (Ecuador).
Por su parte, el SENAMHI (Bolivia) y el IDEAM (Colombia) advierten sobre desbordes inminentes, señalando una tendencia climática regional de fenómenos hídricos con lluvias intensas e inundaciones en territorios ya fragilizados por la presencia de pasivos ambientales, además de la deforestación, urbanización desordenada, corrupción en gestión de riesgos y la debilidad institucional.
La deuda ambiental que nos inunda
La simultaneidad de las alertas rojas y naranjas todas emitidas en febrero de 2026 es un semáforo de la fragilidad extrema de los países del sur frente a la crisis climática. Las lluvias extremas movilizan metales pesados de relaves mineros y residuos petroleros, convirtiendo un fenómeno natural en un desastre ambiental de gran escala.
Las lluvias persisten y su letalidad estará determinada por la asimetría de la justicia climática. Mientras que América Latina es responsable de menos del 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, cada inundación, huaicos, desbordes de torrenteras, lodo y piedras como sucede en Arequipa, Guayaquil, en el caribe colombiano o Panamá oeste, es un recordatorio de la deuda ambiental que ocasiona la demanda extractivista y la industria de la transición energética hacia el Sur Global.
Lluvias en guerra fría
La respuesta a la emergencia en 2026 está atrapada en una contienda geopolítica por los recursos de la región. La disputa entre potencias como EE.UU. y China por el control de minerales de transición como litio, cobre y tierras raras y corredores logísticos para la extracción, señala el sentido de las decisiones de la inversión hacia proyectos de infraestructura puramente extractiva. Sin mencionar medidas y aparato político que promueve la pérdida del espacio cívico, democracia restringida y debilitamiento de la institucionalidad, a favor del mineral sucio.
Mientas tanto, se debilita la priorización de fondos nacionales en la adaptación climática, dejando a la región dependiente de una ayuda humanitaria que a menudo llega tarde o condicionada. Así se explica, en el Inter-American Dialogue (2020) «Combating Climate Change with Extractives Revenues» para Perú y Colombia, solo para citar un ejemplo.
Vigilancia frente al caos
Cuánto nos estamos ocupando en brindar más y mejores herramientas a las comunidades indígenas y rurales, a sus acciones de resistencia, vigilancia y monitoreo ambiental comunitario. Nos enfrentamos a una ofensiva y expansión extractivista sin precedentes por lo que es urgente una gobernanza centrada en la vida.
Es en las poblaciones donde ocurre una cuantiosa pérdida de vidas humanas, riesgos de salud, infraestructura y capital. Estas no pueden quedar a merced de la geopolítica ni del asistencialismo externo; exigen cambios hacia una gobernanza que priorice la vida sobre el capital extractivo.
Por ello, la adaptación climática en Latinoamérica no puede ser una respuesta o incluso un parche que justifique los beneficios del extractivismo, sino un acto de soberanía. Es clave aprovechar las redes de monitoreo ambiental comunitario y la vigilancia indígena como herramienta eficaz para asegurar, por ejemplo, la producción de alimentos en tiempos de caos y prevenir el impacto de los metales pesados y otras sustancias tóxicas en el agua y en el organismo de miles de personas en américa latina.