Las orillas del voto *
Probablemente los resultados parciales que muestra la plataforma oficial ONPE de elecciones generales en el Perú puedan cambiar en el conteo final (actualizado al 96%: 50.057 % para Roberto Sánchez frente a un 49.943 % para Keiko Fujimori). Pero lo que no se va a mover es la proporción del voto por regiones que vuelve a darnos lecciones con un mapa fuertemente polarizado. Una tendencia que no es nueva: es el reflejo de fracturas históricas.
El conteo a nivel nacional por regiones es de 16 regiones a favor de JP (Roberto Sánchez) y 9 regiones a favor de FP (Keiko Fujimori). Profundas divergencias entre el norte, la capital, el sur/centro y parte de la Amazonía del país, evidencian las variables de exclusión, la crisis política y las identidades regionales que siguen definiendo la conducta del electorado peruano.
Voto de protesta del sur
El respaldo abrumador a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) en regiones como Puno (86.422%), Huancavelica (81.402%), Apurímac (81.162%), Ayacucho (79.117%) y Cusco (77.872%) no puede leerse como voto a la izquierda. Este comportamiento electoral guarda una correlación directa con los procesos de 2011, 2016 y 2021, donde propuestas percibidas como anti-sistema u opuestas al modelo centralista obtuvieron victorias contundentes. Históricamente, estas zonas albergan altos índices de pobreza, conflictos por extractivismo, agua, ambiente y territorio, discriminación étnico-cultural y exclusión.
Tras la reciente crisis política estructural —marcada por una severa inestabilidad institucional y protestas sociales fuertemente reprimidas—, este voto representa demanda de dignidad y representación ante un Estado que el ciudadano percibe como lejano, indiferente o abiertamente hostil. Es un voto de desatención histórica y un mecanismo de defensa frente a la postergación.
El capital de Lima y más al norte
En la otra orilla, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) consolidó sus victorias más significativas en el Callao (65.606%), Lima (63.498%), Lambayeque (58.849%), La Libertad (57.534%), Piura (56.953%) y Tumbes (64.339%). Regiones costeras que, a pesar de la desigualdad, hacinamiento y pobreza por alta densidad poblacional, concentran dinamismo económico y articulación con el mercado global.
Por tanto, persisten factores como la búsqueda de estabilidad económica frente al temor a giros radicales que comprometan el empleo y la persistencia de un sólido electorado conservador. Vocerías antiderechos y ultraconservadoras, han alimentado la campaña con posverdades, terruqueo y otros “riesgos” que ahora se reflejan en el resultado.
Geopolítica interna: Intereses colectivos vs. grupos de poder
El escenario de dos países enfrentados en las urnas repite casi milimétricamente el patrón de la última década, abriendo paso a una lectura desde la geopolítica interna del voto que confronta dos formas diferentes y opuestas de ver el Perú. 
Hay un caudal de voto capitalino y mayoritariamente costero se alinea con los intereses de los grupos de poder tradicional. Exige mano dura, derechos reprimidos, libre mercado y oídos sordos a la corrupción que hace obras o la ilegalidad como fuente de empleo e ingresos económicos. Justifica la centralización estatal como garantía de crecimiento frente a las demandas colectivas provenientes de las regiones del interior.
En contraste, otra fuerza electoral que responde a la defensa de intereses colectivos, orientados al bienestar común, la soberanía sobre el territorio y la justicia social. Desde las regiones, el voto colectivo se levanta firmemente frente a una estructura percibida como una mafia corporativa que ha cooptado el aparato estatal, secuestrándolo para poner las instituciones democráticas al servicio exclusivo de inversión privada y extractivismos sin fiscalización ni controles socioambientales.
Territorios en disputa
Esta fractura geopolítica se profundiza por un modelo que prioriza el despojo sobre la sostenibilidad. Por un lado, las regiones rechazan la agresiva expansión de actividades intensivas —como la gran minería, extracción de hidrocarburos, depredación en la pesquería marina, acaparamiento de fuentes de agua para el monocultivo agroindustrial y las concesiones forestales que provocan deforestación masiva—.
A la vez, sufren la inacción estatal ante redes criminales dedicadas a actividades ilegales como la minería ilegal y la tala clandestina. Devastando ecosistemas locales, envenenando las cuencas y destruyendo el tejido social bajo el amparo de la impunidad centralista. 
La violencia extractiva golpea de manera transversal a los pueblos originarios, comunidades nativas y productores artesanales o de pequeña escala. Estos sectores enfrentan la contaminación de sus tierras, la escasez hídrica y la pérdida de soberanía alimentaria como extensión de la exclusión étnica. En respuesta, la resistencia comunitaria y la organización ancestral han transformado sus territorios de defensa ecológica y también lo manifiestan con votos.
El reto del respeto y la cohesión
Estas poblaciones marginadas no buscan quebrar el pacto democrático; al contrario, acuden coherentemente a las urnas confiando en la elección como la única vía legítima para hacerse escuchar y forzar su integración a un Estado que históricamente los invisibiliza. Construir una verdadera cohesión nacional pasa por dejar de criminalizar sus demandas y empezar a gobernar reconociendo la soberanía de todas sus regiones. Ese voto se debe respetar, reivindicar e incluir.
* Guillermo Martínez Pinillos – Apu Catequil/Red Catequil
