PERÚ / DÍA DEL AMBIENTE: VOTO RESPONSABLE FRENTE AL MODELO DEL BAGUAZO

El 5 de junio en el Perú coinciden dos fechas que invitan a la reflexión profunda: el Día Mundial del Ambiente y la indignante memoria del Baguazo (2009). Más de 30 muertes entre policías y población local e indígena fueron originadas por la imposición de normas que facilitaban la inversión extractiva sacrificando la consulta previa en territorios Awajún y Wampís en la Amazonía.

17 años después debemos reivindicar esta lección: desatender los derechos de las comunidades originarias y de la Madre Tierra en favor de un modelo extractivista, solo genera crisis y violencia. Hoy, frente a las definiciones electorales en el país, son prioritarias las decisiones de sufragio bajo un criterio de responsabilidad ambiental, como urgencia y garantía democrática y ecológica.

El historial legislativo: flexibilización y retroceso en la Amazonía

Aunque el fujimorismo —a través de Fuerza Popular— no gobernaba en 2009, su alineación ideológica con el modelo que originó el Baguazo se ha consolidado en su agenda parlamentaria reciente (2015-2025).

La Ley Antiforestal (Ley 31973), aprobada por insistencia con el voto en bloque de Fuerza Popular y defendida formalmente por sus congresistas, es un claro ejemplo: debilita la zonificación forestal y facilita el cambio de uso de suelo para monocultivos y la expansión agropecuaria sin controles estrictos; permite legalizar actividades irregulares en la Amazonía como la tala ilegal, vulnerando territorios ancestrales de pueblos originarios.

Foto: Wayka

El análisis documentado de las actas congresales y los proyectos de infraestructura promovidos en la Amazonía sin los debidos estudios de impacto muestra que las decisiones de esta fuerza política priorizan de forma consistente la desregulación extractiva frente a los compromisos climáticos globales y los derechos comunitarios.

Debilitamiento de controles y desprotección de defensores

El patrón de flexibilización regulatoria se extiende también a la minería y a los mecanismos de fiscalización. Fuerza Popular aportó el mayor volumen de votos para aprobar sucesivas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Si bien el discurso oficial argumenta la necesidad de generar empleo y formalizar de manera inclusiva, en la práctica estas prórrogas han permitido la continuidad de mafias extractivas en zonas de alta sensibilidad ecológica como Madre de Dios, Puno y Pataz, acelerando la contaminación y la degradación de las cuencas.

Así también, la negativa a ratificar el Acuerdo de Escazú, por Keiko Fujimori y la bancada de Fuerza Popular, agrava la situación de vulnerabilidad de las defensoras y los defensores ambientales y de derechos humanos en el Perú, quienes enfrentan amenazas crecientes en territorios expuestos a economías ilegales. Así, vamos en el camino inminente de incrementar la lista de 33 líderes indígenas asesinados en sus territorios durante los últimos 10 años, según reporta AIDESEP.

El momento electoral: hacia un voto con responsabilidad ambiental

La responsabilidad ciudadana es evaluar las agendas políticas que garantizan la sostenibilidad y el respeto por las comunidades que custodian el patrimonio natural del país. Votar con memoria y compromiso por la vida implica contrastar los discursos con el historial de leyes de sacrificio ecológico promovidas y aprobadas. La desregulación ambiental y el desamparo de los derechos indígenas debilita al Estado de derecho y aleja al Perú de las metas indispensables para mitigar el cambio climático y proteger la vida en el planeta. Es momento de elegir bien.